La justificación del poder coercitivo del Estado en lo penal es la averiguación de la verdad. Siempre intuimos que nuestro sistema económico y político era corrupto. Pero los casos que han sido investigados nos han revelado los detalles: métodos, operadores, sumas, alianzas. La información es poderosa y, ciertamente, destruye las apariencias.

En el caso del Transurbano la mayor parte del gabinete de Álvaro Colom firmó un acuerdo gubernativo que no tenía sustento. Todas las instancias de control fueron obviadas. El expediente tenía ¡cuatro folios! Y, no importando la responsabilidad solidaria que la ley asigna a los ministros por su firma, no importando que en el expediente no estaban los informes necesarios, firmaron. El Consejo de Ministros es un órgano de control para el poder presidencial. Pero, lejos de acercarse a la intención de la norma, los ministros raramente deliberan o cuestionan la voluntad del presidente, destruyendo el sistema de pesos y contrapesos. Resulta sumamente difícil justificar a los detenidos que actuaron con tan gigantesca irresponsabilidad.

Frente a la debacle general de la “institucionalidad”, frente a la imposibilidad manifiesta de seguir confiando en los funcionarios públicos, frente a la tenebrosa alianza con capitales corruptos, nos conviene actuar. Quizá el tema del transporte colectivo podría ser un buen principio. ¿Qué acciones podemos tomar para exigir una transformación radical? Quizá empezar por pedir una rendición de cuentas a los responsables de esta problemática. Una auditoría social profunda y extensiva, un cuestionamiento sistematizado de las razones que impiden una solución efectiva. Blindar los fondos asignados al transporte. En fin, dejar de ser espectadores e incidir en la transformación de la realidad.